Greenpeace pide a Japón que “no censure la información sobre la caza de ballenas”

Una veintena de activistas de Greenpeace, congregados frente a la Embajada de Japón en Madrid, pidieron este lunes al Gobierno japonés que no censure la información sobre la caza de ballenas, coincidiendo con la segunda vista preliminar del juicio de los dos activistas japoneses que fueron arrestados el pasado 20 de junio por denunciar el contrabando de carne de ballena procedente del programa japonés de caza “científica” de cetáceos en la Antártida.

Así, tras desplegar una pancarta con el lema ‘Justicia para Greenpeace. Justicia para las ballenas’, los miembros de la organización hicieron entrega de una carta con sus peticiones en la sede diplomática. Mientras, dos activistas con caretas, vestidos con monos naranjas y con las manos esposadas, simbolizaban la persecución que están sufriendo en su país los dos ecologistas japoneses Junichi Sato y Toru Suzuki.

En este sentido, pidieron formalmente a la Agencia Pesquera de Japón, con el apoyo por un congresista del partido demócrata nipón, que “haga públicas las copias no censuradas de documentos de ventas de carne de ballena obtenidos por Greenpeace”. Éstos detallan las ventas de carne de ballena y los contratos entre esta agencia y el Instituto de Investigación de Cetáceos (IIC). Sin embargo, los documentos que fueron presentados el pasado 19 de enero “estaban tan censurados que resultan inservibles”, según la organización.

Por otra parte, la organización denuncia que, a pesar de la actual crisis económica, “la peor en un siglo en el país asiático”, la institución pesquera “continúa subvencionando las expediciones de caza de ballenas supuestamente científicas del Instituto de Investigación de Cetáceos al Santuario de Ballena de la Antártida, con ayudas que alcanzan los 3,6 millones de euros al año”.

Asimismo, subraya que este programa de caza de ballenas, financiado con dinero público, “está en bancarrota” y que es “ecológica y económicamente insostenible, no siendo ni necesario ni requerido por nadie fuera de la industria ballenera”.

Finalmente, el grupo alega que los ciudadanos japoneses “tienen derecho a estar informados sobre la mala conducta de sus representantes gubernamentales” y justifican la conducta de los activistas detenidos subrayando que “simplemente hicieron uso de su derecho a la libertad de expresión para denunciar el contrabando de carne de ballena”.